La transición a un nuevo contrato de alumbrado público de Vigo no transcurre de acuerdo con los plazos previstos. La causa son las vicisitudes ocasionadas por la subrogación del contrato al encargado de la concesionaria que fue condenado por corrupción en el conocido caso del enchufe de la cuñada de Carmela Silva.

El gobierno municipal ha perdido mucho tiempo mientras las autoridades administrativas y judiciales se pronunciaban sobre la pertinencia de que la futura concesionaria mantenga como responsable a un trabajador inhabilitado judicialmente para desempeñar un cargo público. El antiguo contrato del alumbrado público finalizó su vigencia el pasado 26 de julio. Una nueva concesionaria tendría que estar ya haciéndose cargo del mantenimiento de las farolas, los túneles, los pasos inferiores, las galerías de servicios, las fuentes y las instalaciones de energías renovables. Como al Concello no le ha dado tiempo a concluir el expediente de contratación, la Junta de Gobierno Local tuvo que aprobar recientemente una pequeña prórroga a la actual concesionaria para que este servicio público esencial no quede interrumpido. De esta forma, la UTE Imesapi, FCC Medio Ambiente, FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas (Luze Vigo) seguirá haciéndose cargo hasta el 30 de septiembre. Este cambio también ha obligado al Concello a realizar un reajuste económico.

El gobierno ha autorizado el gasto para la continuidad del contrato actual para dar cobertura a los gastos de prestación del servicio desde el pasado 27 de julio hasta el 30 de septiembre por un importe máximo de 433.220 euros.

Fue en noviembre del año pasado cuando la ingeniera industrial del área de Fomento emitió un informe proponiendo el inicio de un nuevo expediente de contratación del servicio de mantenimiento del alumbrado público. El Concello se dirigió entonces a la concesionaria pidiéndole información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores para permitir una evaluación exacta de los costes laborales que implicará la eventual obligación de subrogar al personal en el nuevo contrato en tramitación. En la lista de personal afectado por la subrogación aparecía Ramón Comesaña Alonso, con la categoría en encargado, que fue condenando en sentencia firme como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial, como cooperador necesario, con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Fue condenado a un año y medio de prisión y la inhabilitación absoluta por un período de dos años y seis meses. El concejal de Fomento, Jorge Pardo, tuvo que dirigir un escrito a la Audiencia Provincial para que le aclarasen si el condenado podía seguir desempeñando el puesto de encargado en la futura concesionaria. 

En mayo, el portavoz municipal del PP, Alfonso Marnotes, presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. Este tribunal adoptó, como medida cautelar, la suspensión de la contratación, si bien no afectó al plazo de presentación de ofertas. El recurso de Marnotes finalmente fue desestimado, pero la contratación estuvo suspendida desde el 20 de mayo hasta el 9 de junio. Por otra parte, el tribunal no consideró que la sentencia impuesta al encargado de la concesionaria le impidiese el mantenimiento de su puesto de trabajo. De esta forma, el trabajador condenado podría mantener unos ingresos de 90.000 euros anuales, entre salarios, complementos e incentivos, un salario superior al que tiene el alcalde, de 72.500 euros al año.

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